El Gobierno argentino ordena a trabajadores de puertos en huelga acabar con la protesta
Buenos Aires, 4 ago (EFE).- El Gobierno del argentino Javier Milei ordenó este martes a los trabajadores del sector del transporte marítimo y fluvial que cesen la protestas iniciadas el 1 de agosto, que mantienen paralizados en los puertos decenas de buques de carga destinados a mover productos de exportación, con importantes consecuencias para la economía argentina.
El Boletín Oficial publicó un edicto de la Prefectura Naval de Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en el que esta institución, «en su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria», ordena la vuelta al trabajo de los prácticos, capitanes expertos en guiar al capitán principal de la nave en su entrada a puertos o cursos fluviales en zonas complejas.
«La realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje / pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal», afirma la autoridad portuaria argentina en la publicación.
De acuerdo a medios especializados argentinos, más de 100 barcos están fondeados frente a los principales puertos del país, desde donde parten las exportaciones de productos de la agroindustria y el sector energético, principales motores de la economía nacional.
El edicto de la Prefectura incluye un anexo en el que se detalla la identidad de todos los prácticos navales de Argentina, una forma de presión para un sector que no está sindicalizado, lo que significa que el Gobierno de Milei no pueda convocar a las partes en conflicto a una conciliación obligatoria.
Los prácticos resolvieron no dar servicio en rechazo a un decreto emitido el pasado viernes, por el que el Gobierno de Milei impuso un nuevo régimen de ‘practicaje’ para -según el Ejecutivo- reducir costos y «mejorar la competitividad» del comercio exterior.
El nuevo régimen, creado por impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que, además de los prácticos profesionales argentinos, otras personas -incluidos capitanes extranjeros- presten ese servicio y fija tarifas máximas.
Los profesionales afirman que el nuevo reglamento «condiciona y oprime» el ejercicio de sus tareas y reclaman la anulación del decreto.
La protesta afecta también a las empresas distribuidoras de combustibles, que utilizan el transporte naval, y se desarrolla tanto en puertos marítimos como fluviales, como el de Rosario, ciudad bañada por el río Paraná y por donde se mueven mercancías no sólo argentinas, sino también de Paraguay. EFE
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