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El regreso de las armas a Colombia aviva el temor a los feminicidios y violencia machista

Paula Cabaleiro

Bogotá, 10 sep (EFE).- La reactivación de los permisos de porte de armas en Colombia ha despertado preocupación entre organizaciones de mujeres, que temen que una mayor presencia de armas aumente la violencia y los feminicidios.

«Nos preocupa que las situaciones de conflicto vecinal o comunitario puedan estar mediadas por las armas, pero también que éstas estén ahora más disponibles en los hogares y en las relaciones sexoafectivas», asegura a EFE la directora de la filial colombiana de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), Diana María Salcedo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, levantó este miércoles la suspensión general de los permisos para portar armas, que estaba vigente desde 2015, pese a que las autoridades recalcaron que otras restricciones seguían en pie.

Para la directora de Limpal, el riesgo no se limita a que un arma sea utilizada para cometer un asesinato, sino también a las formas de control e intimidación que puede generar su sola presencia en una relación marcada por la violencia.

«Según lo que hemos hablado con muchas mujeres que han sido esposas, parejas, amantes o novias de personas que tienen armas, ya sea por su trabajo o porque tienen salvoconducto, refieren siempre un miedo porque saben que tiene un arma y que está dispuesto a utilizarla», señala.

En su informe ‘Más vida, menos armas’, publicado en 2025, Limpal señala que de los 886 feminicidios registrados en Colombia en 2024, 330 fueron cometidos con armas de fuego, el 49,18 % del total, algo que temen que se agrave con el decreto firmado por el Gobierno.

«Incoherencia» del Gobierno

Salcedo asegura que el Gobierno de De la Espriella está siendo «incoherente» con algunas de las promesas que hizo en campaña, pues no entiende cómo el Ejecutivo puede prometer combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios mientras amplía de forma paralela la posibilidad de portar armas.

A su juicio, esta medida «es absolutamente incoherente con una respuesta así, de ampliar el porte de armas, cuando ya hay múltiples estudios que muestran que las armas son el principal instrumento para atacar a las mujeres», afirma.

Además, la directora de Limpal advierte de que las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres no dejan de enfrentar baches en su trabajo.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (Salvia), creado por el Ministerio de la Igualdad del anterior Ejecutivo, se encuentra actualmente paralizado, mientras el actual Gobierno decide qué hace con los departamentos de esta cartera, ahora extinguida.

Por su parte, el Observatorio Colombiano de Feminicidios no tiene financiación desde hace más de un año y por ese motivo ya no puede llevar la cuenta de los crímenes machistas.

La directora de Limpal también lamenta que, hasta ahora, ninguna institución del Gobierno haya abierto un espacio de diálogo con las organizaciones de mujeres sobre las posibles consecuencias de la medida.

«Hasta el momento nosotras no hemos podido tener comunicación (…) ni con la Fiscalía ni con Indumil (empresa adscrita al Ministerio de Defensa encargada de fabricar y comercializar armas) frente a este tema», asegura Salcedo, quien critica que el nuevo Gobierno «no quiere interlocutar» y no ha abierto espacios de diálogo con la sociedad civil ni con el movimiento de mujeres.

EFE se ha puesto en contacto con el Gobierno colombiano, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta a las preguntas formuladas a este respecto. EFE

pc/jpm/llb

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