Escepticismo ante CIDH por plan de Bukele para liberar a 50% de colaboradores de pandillas
Ciudad de Panamá, 26 oct (EFE).- Organizaciones de El Salvador y relatores expusieron este lunes su escepticismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el plan anunciado por el presidente Nayib Bukele de dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores casuales de las pandillas en prisión.
Las dudas sobre dicho plan de libertad carcelaria fueron presentadas durante la audiencia ‘El Salvador. Situación de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción’, celebrada en el marco del 197 período de sesiones de la CIDH, en Ciudad de Panamá, y que no contó con representantes del Estado Salvadoreño.
«¿Se reabrirán los casos ya cerrados, o solo se revisarán los que aún no están pendientes. ¿Quiénes tendrán prioridad? ¿Las personas adultas, menores o las personas con problemas de salud? Todo esto nos hace preguntarnos más», dijo el relator para El Salvador de la CIDH, Riyad Insanally.
La primera vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, señaló durante su intervención que la Comisión «queda a disposición para ofrecer cooperación técnica, si es el caso, para este supuesto plan» de beneficios carcelarios, y además anunció su compromiso de «trasladar esas preguntas al Estado Mayor».
Esta audiencia se ha llevado a cabo, de manera fortuita, días después de que Bukele anunciara un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores casuales de las pandillas detenidos durante el régimen de excepción vigente desde 2022, que podría afectar a unos 5.000 presos aproximadamente.
«Primero lo que se tiene que hacer es trabajar en una iniciativa de ley (con) el ministro de Seguridad y Justicia; (luego) que vaya a la Asamblea Legislativa (Parlamento), y se determine la responsabilidades de cada persona en la estructura», dijo a EFE la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador, Ingrid Escobar.
«Tengo mis dudas (sobre el plan) porque Bukele en 2024 hablaba de 10.000 personas inocentes liberadas. No las veo por ninguna parte. Más parece que es una narrativa para que el mundo le siga creyendo», continuó Escobar, a la vez que exigió la liberación de las personas encarceladas de manera injusta.
Durante la audiencia las tres organizaciones civiles presentes denunciaron ante la CIDH una violación a derechos humanos «sistemática» bajo ese régimen de excepción, con muertes bajo custodia estatal, menores de edad entre ellas; torturas, falta de atención médica a pacientes crónicos y presos sin relación con pandillas.
Denuncian falta de claridad en el proceso
«Quedan preguntas clave que aún no se han declarado (sobre el plan de beneficios carcelarios)», cuestionó por su parte durante su intervención Carlota Roby, abogada para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy.
Sostuvo que existe una falta de claridad en el proceso como quién decidirá, quién analizará los casos, qué ocurrirá con los inocentes, toda vez que remarcaron que una liberación condicional no equivale a una absolución ni subsana violaciones al debido proceso. Ante ello, la CIDH ofreció asistencia técnica para dicho plan.
«Por el momento, (ese plan) está en el ámbito del discurso político que puede resultar en una demagogia más en un momento preelectoral en El Salvador. Pero justamente un mecanismo de revisión de casos ha sido recomendado a nivel internacional», comentó a EFE el abogado de Cristosal David Morales.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 96.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.
En el contexto de la implementación del régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según se denunció.
El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, quien mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento. EFE
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