Familias de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte celebran su arresto
Manila, 11 mar (EFE).- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte, durante cuyo mandato murieron entre 6.000 y 30.000 personas en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales, celebraron la detención este martes del político por órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI).
«Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas», afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.
«Estoy llorando, realmente quería verlo en la cárcel. Pagarán por lo que nos hicieron», dijo Jane Lee, mujer de una de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte, según la nota.
El expresidente fue detenido esta mañana en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, afirmó la oficina presidencial en un comunicado, respondiendo a una orden de la CPI, que acusa al político de 79 años de edad de crímenes de lesa humanidad.
El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
El arresto tras días de especulación ha desatado una tormenta política en Filipinas al tiempo que Duterte, actualmente retenido en la base aérea de Villamor, cuestionó la legalidad de la detención.
La abogada que presentó el caso ante el CPI, Kristina Conti, afirmó que el expresidente debería ser extraditado a La Haya, aunque las autoridades del país asiático todavía no se han pronunciado sobre los próximos pasos. EFE
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