Gobierno dice que las protestas contra Paz tienen estructuras vinculadas al «narcotráfico»
La Paz, 9 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, sostuvo este martes que las protestas de los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz desde hace más de un mes ya no son solo un conflicto interno, ya que tienen «componentes transnacionales» y estructuras «vinculadas al narcotráfico» para «debilitar» al Estado.
Justiniano se refirió al asunto en un acto en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, donde recibió un reconocimiento como nuevo ministro de Defensa, cargo que asumió el pasado miércoles.
«Bolivia enfrenta hoy una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno. Hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado, fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo», afirmó.
El ministro sostuvo que algunos sectores que «no pudieron doblegar al país con los bloqueos» de carreteras «decidieron escalar» y pasaron «de la piedra a la bala», y les señaló de querer emplear «métodos de terror, movimientos de rebelión y acciones de sedición» para imponerse «por la fuerza».
Justiniano, que antes de ser ministro fue el zar antidrogas del Gobierno de Paz, aseguró que «la protesta pacífica es un derecho», pero «la violencia es un delito» y que «ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia».
Además, manifestó que la «prudencia no es ausencia del Estado» y que «la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia», en respuesta a los sectores que critican al Gobierno por no dictar un estado de excepción frente a las protestas.
La autoridad advirtió que se actuará con «legalidad» y «firmeza» frente a quienes «buscan convertir el miedo en método político» o que busquen «someter al país mediante la violencia».
Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, dejando desabastecidas a varias ciudades.
Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 2.340 millones de dólares.
Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.
Los sectores afines a Morales advirtieron que si Paz dicta el estado de excepción, llamarán a la «desobediencia civil» y tomarán cuarteles en el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante que también es una de las mayores zonas cocaleras del país.
Morales permanece en esa zona en el centro de Bolivia desde octubre de 2024, resguardado por sus seguidores para evitar ser capturado dentro de un proceso penal por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando fue presidente en 2016. EFE
gb/ja/eav
