Expertos: Proceso contra defensores en Honduras está lleno de irregularidades
Tegucigalpa, 8 feb (EFE).- La detención de ocho defensores del agua en Honduras por oponerse a un proyecto minero en el Caribe del país “es arbitraria” y el proceso está lleno de “ilegalidades” e “irregularidades”, señalaron este martes expertos en un foro en el que pidieron la liberación de los acusados.
“Son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada derivada únicamente de sus actividades de defensa de los derechos humanos”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, según recoge un boletín.
El abogado Edy Tabora, uno de los defensores de los ambientalistas, dijo a Efe que el proceso judicial está plagado de “ilegalidades y arbitrariedades”.
“Quieren dar y mandar una lección a todos los movimientos sociales del país que la empresa extractiva es suficientemente poderosa para criminalizar a todas aquellas personas que realizan oposición a los proyectos mineros energéticos en el país”, señaló.
Tabora indicó que el Ministerio Público de Honduras ha demostrado en el caso Guapinol que “está al servicio de la empresa privada y que la empresa extractiva le dicta las pautas de qué hacer en cada proceso judicial”.
Afirmó que el Ministerio Público “no ha podido sostener el caso con pruebas, pero sigue insistiendo en que se condene a los defensores a 36 años de cárcel, como uno de los casos más emblemáticos de criminalización en el país”.
CONDENAR A DEFENSORES IMPACTARÍA A COMUNIDADES
Según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, departamento de Colón, el caso Guapinol tiene su origen en la concesión “ilegal” de la explotación minera a la empresa Inversiones Los Pinares (antes Emco Mining Company), que ha asegurado que “es falso” que los ambientalistas estén presos por defender el ambiente.
La empresa Los Pinares ha instalado una planta procesadora de pellas de óxido de hierro en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, a la que se oponen los ambientalistas presos, y ha solicitado “ampliación del área de la concesión de 100 hectáreas a 1.000 hectáreas”, señaló la defensa.
“Criminalizar y condenar a los defensores tiene un gran impacto en las comunidades que se encuentran en resistencia”, subrayó Tabora, quien espera que los ambientalistas sean declarados inocentes este miércoles durante la lectura del fallo.
Aseguró que el juicio jurídicamente “está ganado”, por lo que se espera “una condena absolutoria” a favor de los ambientalistas.
Sin embargo, el abogado expresó su duda sobre “la decisión política de castigar a los defensores, más de 29 meses privados de libertad sin ninguna justificación, por lo que mañana (miércoles) se puede esperar una condena contra ellos”.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo Escribano, dijo hoy los defensores del agua son “víctimas de hostigamiento y criminalización” debido a “un patrón que comienza con procesos de concesión irregular de la tierra a empresas que desarrollan proyectos extractivos”.
Lamentó que estos procesos “desemboca en acciones que van desde el hostigamiento, ataques y amenazas e incluso el asesinato de personas que se oponen a estos proyectos que legítimamente y pacíficamente defienden”.
AI: LIBERACIÓN INMEDIATA DE DEFENSORES
Amnistía Internacional (AI) indicó que las pruebas presentadas en el juicio demuestran que los ambientalistas no cometieron ningún delito, por lo que “no deben pasar ni un día más en prisión”.
“Son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada derivada únicamente de sus actividades de defensa de los derechos humanos”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, según recoge un boletín.
Agregó que el Ministerio Público “no sólo debe retirar los cargos contra ellos y solicitar su liberación inmediata, sino también llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de violar sus derechos humanos”.
AI publicó una carta enviada el 11 de diciembre de 2021 al fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, en la que la organización expresa “su preocupación por las graves irregularidades de la investigación y el enjuiciamiento” contra los defensores del agua.
La misiva de AI, que hasta ahora no ha tenido respuesta de Chinchilla, señala además que las acusaciones penales contra los ambientalistas y su “prolongada prisión preventiva, son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia”. EFE
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