HRW y experta de ONU cuestionan eliminación de unidad de jueces anticorrupción en Ecuador
Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, y la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionaron este martes la decisión del Consejo de la Judicatura de Ecuador de eliminar la unidad de jueces anticorrupción y crimen organizado.
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) tomó esa decisión el lunes, en el marco de la emergencia declarada en el sistema de justicia para poder cubrir un déficit de unos 735 jueces, y catalogó el cierre de la unidad, creada en 2022 con el apoyo de Estados Unidos, como una «optimización».
Según la entidad, informes determinan que el modelo especializado de juzgamiento para delitos de corrupción y crimen organizado «registra un desequilibrio operativo».
Como ejemplo, señalaron que, en un año, el tribunal anticorrupción registró solo 234 expedientes para sus nueve magistrados, mientras que despachos penales ordinarios superaron el 100 % de su capacidad.
La Judicatura eliminó esa dependencia especializada y aprobó que sus competencias sean asumidas por otras judicaturas penales, de acuerdo con las diferentes etapas de los procesos.
«La medida incrementará la capacidad operativa al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estos casos a nivel nacional», señaló el CJ en un comunicado.
Sin embargo, Goebertus señaló que esa medida era contraria a la lucha contra el crimen organizado. «Desmantelar estos grupos pasa por fortalecer jueces especializados, independientes y protegidos», escribió en su cuenta de X.
Por su parte, Satterthwaite aseguró que recibía con preocupación esa noticia, ya que los «estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva».
«Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias», añadió, también en X.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para intentar contrarrestar la crisis de violencia que registra el país andino en los últimos años y que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.
Sin embargo, esa medida y los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios. EFE
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