La justicia francesa investiga el robo al fisco de datos de 678.000 contribuyentes
(Actualiza con la reacción del ministro de Hacienda)
París, 15 ago (EFE).- La justicia francesa ha abierto una investigación sobre el ciberataque del que fue víctima el fisco en junio, y que se tradujo en la sustracción de datos fiscales de 678.000 contribuyentes, entre particulares y profesionales, aunque la administración no se dio cuenta del robo hasta esta semana.
La Fiscalía de París anunció este sábado la apertura de la investigación, de la que se encarga la unidad contra la cibercriminalidad de la policía (Ofac).
Sus pesquisas deberán servir para aclarar cómo se produjo la intromisión en los sistemas informáticos de la Dirección General de las Finanzas Públicas (DGFIP), establecer las presuntas responsabilidades y si eso se produjo a través de un grupo organizado (asociación de malhechores en términos jurídicos).
El delito objeto de este procedimiento está castigado con al menos cinco años de cárcel.
Más allá de la investigación judicial, el ministro de Hacienda, David Amiel, avanzó este sábado que en paralelo se va a efectuar una auditoría, dirigida por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa (ANSSI), «para sacar las lecciones de esta crisis», que se transmitirá a las comisiones de Finanzas de la Asamblea Nacional y del Senado.
En un mensaje en X, Amiel advirtió de que los ciberataques se multiplican, contra el fisco y contra muchos servicios públicos, y de que como la inteligencia artificial aumenta los medios para llevarlos a cabo esa amenaza va a aumentar, lo que exige incrementar la protección.
A ese respecto, admitió que el Estado ha acumulado «ciertas ‘deudas técnicas'» y que tendrá que reaccionar rápidamente, por eso justificó la acción desde que está en el cargo para «acelerar la modernización de la ciberseguridad».
Eso significa una generalización de la doble autentificación para los funcionarios cuando acceden a los ficheros, sistemas de alerta precoz para detectar fugas tras una intrusión y una «revisión completa del conjunto de acceso a los datos».
La responsable de la DGFIP, Amélie Verdier, reconoció el viernes que en junio habían detectado una intromisión en la cuenta de uno de esos agentes, que fue interrumpida rápidamente, pero creyeron que no se había producido sustracción de datos, algo de lo que sólo fueron conscientes después de que el presunto pirata se jactó de su operación el pasado 12 de agosto.
Verdier explicó que el pirata, que se identificó utilizando el seudónimo de ZeroBytes, había captado informaciones como los nombres, apellidos, direcciones de los contribuyentes particulares, sus ingresos fiscales de referencia y los tipos impositivos que se les aplican en el impuesto sobre la renta.
En el caso de las empresas, lo que consiguió aspirar era menos sensible, como las direcciones, los números de identificación que le atribuye la administración o el nombre del responsable.
La directora general de Finanzas Públicas se esforzó en subrayar que el o los piratas no accedieron a elementos que les permitirían conectarse al espacio propio de los contribuyentes y que tampoco pudieron disponer de sus declaraciones completas.
Verdier avanzó que a partir de la semana próxima van a ponerse en contacto con los afectados para explicarles la situación y darles consejos sobre cómo protegerse ante la difusión de esos datos.
El presunto autor del pirateo afirmó que había propuesto a la venta el fichero que sustrajo por varios miles de euros. EFE
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