La Policía filipina dice que Sara Duterte y su esposo tienen más de 50 armas
Manila, 28 sep (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, y su marido, Manases Carpio, poseen 51 armas de fuego valoradas en más de 7,2 millones de pesos (unos 100.000 euros), según aseguró este lunes un testigo de la Policía Nacional filipina (PNP) durante una sesión del juicio político contra Duterte en el Senado.
El jefe de la División de Registros de la Oficina de Armas de Fuego y Explosivos (FEO) de la PNP, Jerickson Sangalang, detalló durante su intervención que 22 de las armas están registradas a nombre de la vicepresidenta, mientras que las otras 29 pertenecen a su marido.
De acuerdo con el testimonio, entre las armas de la número dos del Gobierno hay 14 pistolas, dos revólveres, una escopeta y cinco fusiles, tres de ellos de clase A. Mientras, su marido, cuenta con 16 pistolas, dos revólveres, una escopeta y diez fusiles, uno de ellos también de clase A.
Según explicó Sangalang durante la trigésima sesión del juicio contra la vicepresidenta, estas armas de clase A son de disparo automático y solo pueden adquirirlas las fuerzas del orden, en particular la Policía y las Fuerzas Armadas.
En total, los registros policiales, elaborados con precios actuales de mercado, valoran las armas en 7,2 millones de pesos (unos 100.000 euros). De esa cantidad, 2,2 millones de pesos (unos 30.000 euros) corresponden a las armas de Duterte y 5 millones (unos 70.000 euros) a las de Carpio.
Una cifra cuestionada durante la sesión, ante un testimonio «no muy convincente» para probar el enriquecimiento ilícito de la vicepresidenta valorado en unos 88 millones de pesos (1,2 millones de euros), según declaró el presidente del Senado y del tribunal, Francis Escudero, que aun así admitió la prueba.
Por su parte, la defensa aseguró no haber recibido aún la lista de armas y calificó de irrelevante el testimonio de Sangalang, sumándose así a las reservas expresadas por varios senadores, que calificaron las declaraciones del testigo como una «pérdida de tiempo».
Acusada de cuatro cargos, entre ellos malversación de fondos públicos y amenazas de matar al presidente, Ferdinand Marcos Jr., la número dos del Gobierno afronta un juicio político que, de prosperar, podría inhabilitarla de por vida para ocupar cargos públicos y truncar su aspiración de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. EFE
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