Libertad provisional para una periodista burundesa condenada a cuatro años de cárcel
Nairobi, 5 mar (EFE).- La periodista burundesa Sandra Muhoza fue liberada de manera provisional a la espera de que se conozca el veredicto sobre su recurso contra la condena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta el pasado enero, tras casi dos años de detención, por unos comentarios que hizo en la aplicación de mensajería Whatsapp, confirmó el Comité de Protección de Periodistas (CPJ).
«Aunque nos complace enormemente que Sandra Muhoza haya salido de prisión, su libertad provisional no repara la injusticia que ha sufrido», afirmó en un comunicado a última hora del miércoles, después de su liberación, la coordinadora para África del CPJ, Muthoki Mumo.
«Sandra Muhoza solo será verdaderamente libre cuando sea exonerada por el sistema judicial de Burundi. Su condena debería ser revocada y se le debería permitir volver a trabajar sin sufrir más acoso», añadió.
La periodista, que permanece bajo control judicial, está a la espera de conocer el veredicto sobre el recurso que interpuso contra la condena de cuatro años dictada el pasado enero por el tribunal de primera instancia de la ciudad de Ngozi (norte), que también incluye una multa de 200.000 francos burundeses (unos 58 euros).
Ese fallo fue rechazado por organizaciones de protección de los periodistas por su crueldad y severidad.
Muhoza, que trabaja para el diario digital La Nova Burundi, ha comparecido ante esta corte en los últimos meses visiblemente debilitada y usando una muleta.
Se espera que el veredicto sobre su apelación se conozca, como muy tarde, el próximo 20 de marzo.
También celebró la puesta en libertad provisional de Muhoza la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
«RSF aplaude la valiente decisión tomada por la fiscal general del Tribunal de Apelación de Ngozi y pide a esa misma corte que retire todos los cargos a la periodista», afirmó en un comunicado el director para África de esta ONG, Sadibou Marong.
La informadora fue detenida en abril de 2024, después de mandar mensajes en un grupo de periodistas sobre la presunta distribución de machetes en el país.
En diciembre de ese mismo año, fue condenada por acusaciones de socavar la integridad del territorio nacional de Burundi e incitar al odio étnico y se le impuso una pena de 21 meses, según documentos judiciales vistos por el CPJ.
Sin embargo, en mayo del año pasado, el juicio inicial resultó invalidado por un problema de jurisdicción después de un recurso presentado por sus abogados y, el pasado octubre, comenzó un nuevo proceso con los mismos cargos.
Burundi ocupa el puesto número 125 de un total de 180 países y territorios en el índice de libertad de prensa de RSF. EFE
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