Organizaciones de Túnez llaman a un diálogo social urgente para «salvar el país»
Túnez, 3 sep (EFE).- Abogados, sindicalistas y defensores de derechos humanos de Túnez lanzaron este jueves un «marco común de coordinación», abierto a la participación de todas las fuerzas democráticas, para abrir un diálogo social «urgente y serio» y buscar soluciones económicas, sociales y políticas para «salvar el país».
En una declaración conjunta, el Colegio Nacional de Abogados, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) acusaron al Ejecutivo de gobernar «mediante la negación, el silencio y con una sola voz», ignorando a la sociedad y a sus «fuerzas vitales».
Este sistema -destacaron- condujo a una «profunda crisis política, económica y social», consecuencia de las decisiones de unas autoridades «incapaces de abordar la grave situación» que «ha debilitado el poder adquisitivo y aumentado la pobreza y la vulnerabilidad».
Además, lamentaron el «grave deterioro» de derechos y libertades y la «represión continua de las actividades políticas, sindicales y de la sociedad civil», acentuada con «el uso del poder judicial» para resolver conflictos, «socavando su independencia, las garantías de juicio justo y los derechos a la defensa».
Asimismo, condenaron las condiciones de las cárceles -«que no cumplen con los requisitos de dignidad humana ni con las normas internacionales»- y el «declive de la libertad de prensa, las restricciones a los periodistas y los crecientes intentos de controlar los medios de comunicación».
Rechazaron también la crisis de agua y electricidad que atraviesa el país desde principios de julio, la falta de medicamentos y productos básicos y el aumento de los precios, lo que supone «amenazas directas a la vida cotidiana y la dignidad de los tunecinos».
Según la declaratoria, «las autoridades son plenamente responsables de sus decisiones y sus consecuencias», por gestionar asuntos públicos «al margen del diálogo y la participación, en ausencia de transparencia y reprimiendo toda voz disidente».
Para las organizaciones firmantes, la única salida reside en la apertura de un diálogo social que conduzca a soluciones económicas, sociales y políticas «capaces» de salvar al país, preservar la unidad, proteger los derechos y libertades, y devolver la confianza y la esperanza al pueblo tunecino.
La invitación al diálogo reside en la búsqueda de un trabajo conjunto para «salvaguardar el futuro de próximas generaciones», así como el «prestigio y la dignidad» del país.
Desde que el presidente Kais Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, diversas organizaciones denunciaron una «instrumentalización de la justicia», represión contra la disidencia y retrocesos de las libertades. EFE
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