Diputados paraguayos critican secretismo en contactos del Gobierno con Guaidó
Asunción, 21 ene (EFE).- Las bancadas de la Cámara de Diputados de Paraguay cuestionaron este jueves los contactos del Gobierno con emisarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó sobre la deuda petrolera con Venezuela, lo que reavivó las disputas entre las dos grandes fuerzas dentro del gobernante Partido Colorado.
Los cuestionamientos tuvieron lugar durante la interpelación al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, en la sesión convocada para que explicara su polémica reunión en noviembre de 2019 con un enviado de Guaidó, sobre la deuda cercana a 300 millones de dólares de la paraguaya Petropar con la venezolana Pdvsa.
El jefe de ministros respondió a las 15 preguntas del cuestionario entregado de antemano y luego contestó a los legisladores que intervinieron, entre ellos los del grupo oficialista afín al expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
Los “cartistas” habían aprobado semanas atrás la comparecencia en la Cámara Baja de Villamayor, uno de los hombres de confianza del presidente del país, Mario Abdo Benítez, que lidera la otra corriente del coloradismo.
En los casi tres horas de comparecencia, el asesor presidencial insistió en el carácter protocolario de la reunión que mantuvo en Asunción con Javier Troconis, comisionado de Guaidó para la recuperación de activos de Venezuela en el extranjero, y con el abogado argentino Sebastián Vidal.
El asesor reafirmó que los enviados de Guaidó plantearon una reducción de la deuda con Petropar que habría supuesto un ahorro de 160 millones de dólares, pagando al contado la mitad del capital y sin los intereses.
Y se remitió a las explicaciones que ya dio en su momento, de que la propuesta no avanzó ante la falta de legitimación de la personería de Guaidó en la corte arbitral de París en la que se dirime la disputa desde 2016, cuando fue derivada a ese tribunal comercial por el Gobierno de Nicolás Maduro.
ACUSACIONES DE SECRETISMO
Los legisladores señalaron a Villamayor la falta de transparencia del Gobierno al no informar al Congreso y a la opinión pública de una reunión en la que se trataban intereses del país.
De hecho, esos contactos se conocieron en Paraguay a inicios de mes a raíz de un publicación del medio estadounidense The Washington Post sobre las gestiones de la recuperación de activos por parte del equipo de Guaidó, al que Paraguay reconoce como presidente encargado del país caribeño.
Por su parte, Villamayor rechazó las acusaciones de secretismo de algunos legisladores, reiterando que se trató de una mera reunión exploratoria sobre una deuda que se remontan al Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).
Villamayor también recibió reproches por supuesta mala gestión en una fallida modernización del proceso de cedulación cuando estaba al frente de la cartera de Interior y del nombramiento de un miembro de su estudio jurídico, Sergio Coscia, en la Procuraduría General de la República (PGR).
Coscia renunció en diciembre pasado en medio de una denuncia de un acuerdo extrajudicial ahora suspendido de Petropar con un demandante, la empresa argentina Texos, por el que la petrolera debía pagar 7 millones de dólares.
FUEGO CRUZADO
Ante esas críticas, y respondiendo a Basilio Núñez, el líder de la bancada “cartista”, Villamayor recordó la llegada a mediados de este mes de marzo de la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que evaluará los progresos del actual Gobierno y del anterior, el de Cartes, en la lucha contra el lavado de dinero.
Subrayó que habrá que explicar las razones por las que durante ese Gobierno un banco del Estado abrió una cuenta al cambista brasileño Darío Messer, amigo personal de Cartes y detenido en julio de 2019 en su país tras huir de Paraguay.
Posteriormente, el considerado mayor cambista de Brasil fue condenado a más de 13 años de cárcel.
Ese cruce de Villamayor y Núñez en la Cámara se leyó como parte de la disputa entre las dos corrientes del coloradismo, todavía sin cerrarse totalmente pese a que el año pasado sellaron el denominado acuerdo “Cicatriz”, de cara a las elecciones municipales de octubre próximo. EFE
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