Urgen más esfuerzos de Suiza VS corrupción
Suiza actúa contra el soborno, pero aún necesita hacer más, dijo este miércoles la rama suiza del grupo anticorrupción Transparencia Internacional.
En su más reciente evaluación sobre el cumplimiento de la Convención de la OCDE sobre anticohecho, Transparencia InternacionalEnlace externo señaló que solamente 11 de los 44 países signatarios realizan una aplicación activa o moderada, incluidos Suiza, Alemania, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Suecia. Juntos, los 11 países representan el 30,8% de las exportaciones mundiales.
Más de la mitad de las exportaciones mundiales proceden de países que regularmente no castigan el soborno de funcionarios en el extranjero. Treinta y tres países, que representan el 52% de las exportaciones mundiales, observan una aplicación limitada o escasa, incluidos Canadá, Nueva Zelanda, China, India, Japón e Irlanda.
La Convención Anticohecho de la OCDEEnlace externo requiere que las partes tipifiquen como delito el soborno de funcionarios públicos en el exterior y adopten las medidas pertinentes.
Transparencia Internacional precisó que en el período del informe 2014-2017, Suiza comenzó 115 investigaciones anticorrupción, abrió tres casos y concluyó 11 con sanciones. Las principales investigaciones de sobornos en el extranjero en 2016-2017 involucraron asuntos relacionados con las empresas Petrobras, 1MDB, Yara y Gazprom.
Un informe de marzo de 2018 de la OCDE sobre Suiza halló que cinco personas jurídicas habían sido condenadas en los últimos cuatro años y que muchos casos de sobornos en el extranjero estaban bajo investigación (137 pesquisas por lavado de dinero y soborno en 2016, en comparación con 24 en 2011).
La rama helvética de Transparencia InternationalEnlace externo apuntó que Suiza era más activa que muchos otros países en la aplicación del tratado de la OCDE, al que se adhirió hace 18 años, pero advirtió que aún debía adoptar medidas urgentes.
A su parecer, las sanciones anticorrupción son insuficientes y el alcance de la actual Ley Antilavado de Activos, demasiado restringido. Señaló la necesidad de aplicar esa legislación a abogados, notarios, fideicomisarios, agentes inmobiliarios y comerciantes de arte y artículos de lujo. Subrayó también que es menester fortalecer la protección legal de los denunciantes.
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