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Una ONG advierte sobre opacidad en análisis del patrimonio de funcionarios en El Salvador

San Salvador, 9 ago (EFE).- Un informe de la organización no gubernamental Acción Ciudadana divulgado este viernes advierte de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador no está analizando las declaraciones patrimoniales de los funcionarios estatales de los últimos años, lo que genera «un espacio de opacidad».

«No se están verificando las declaraciones juradas de patrimonio presentadas en los últimos años generando espacios de opacidad», indica el documento y apunta a que se debe a la «mora de años anteriores en la revisión de las declaraciones».

También señala que dicha sección «no tiene datos si se ha declarado inversiones en activos digitales» por parte de funcionarios, pese a que el país adoptó en 2021 el bitcóin como moneda de curso legal y la Asamblea Legislativa ha legislado para impulsar inversiones en criptoactivos.

«Tal circunstancia es un espacio idóneo para actos de corrupción que por su opacidad se vuelve difícil su detección temprana», indica la organización.

La investigación también revela que existe «una parálisis en la Sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia» respecto a las diligencias en los procesos administrativos de sanciones.

«Esto significa que habiéndose registrado altos niveles de declaraciones que no se han presentado, los procedimientos abiertos para deducir las multas correspondientes son mínimas comparadas con la cantidad de infracciones», subraya Acción Ciudadana.

Agrega que se registra un «alto nivel de incumplimiento» de los funcionarios del Estado salvadoreño en la declaración de sus patrimonios a la Sección de Probidad.

El documento Probidad en la Función Pública 2024 concluye que este «alto nivel de incumplimiento» en las declaraciones patrimoniales de inicio y cierre de gestiones impide «un análisis completo y detección del enriquecimiento ilícito».

En el pasado, investigaciones de la Sección de Probidad han llevado a la Corte Suprema a promover procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito y que han derivado en causas penales.

Entre estos casos se encuentran los de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Mauricio Funes (2009-2014), del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acusados y condenados por cargos de corrupción.EFE

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