Costa Rica decreta «secreto de Estado» la información de las agencias de seguridad pública
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró este lunes «secreto de Estado» la información de las entidades responsables de la seguridad pública ante la capacidad del crimen organizado para infiltrarlas y un fuerte aumento de la violencia en el país.
La medida se da en medio de una pugna con el poder Judicial y tras la filtración de un documento interno de la dirección de inteligencia del Estado que identificó a 116 policías supuestamente ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.
Fernández también impulsa una reforma en el sistema de justicia al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado. La mandataria de derecha llegó al poder en mayo.
El decreto, publicado en La Gaceta oficial, considera como «secretos de Estado» la información, documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el grupo interinstitucional ‘Fuerza Élite’, así «como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia».
Incluye además la información relacionada con operaciones de la delincuencia organizada, dinámicas policiales de prospección, despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales y recursos tecnológicos, entre otros.
El objetivo es restringir el acceso público a la política estratégica en la lucha contra el crimen organizado pues la divulgación «de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras», precisa.
Asimismo, justifica la medida ante el incremento de las amenazas vinculadas con los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, sicariato y crimen organizado.
Siete de cada diez asesinatos están ligados al narcotráfico en Costa Rica, donde la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.
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