Denuncian en Países Bajos prácticas represivas en centro neerlandés de menores en España
La Haya, 14 sep (EFE).- Organizaciones de protección de menores en Países Bajos enviaron a jóvenes con problemas de conducta a un centro neerlandés en España pese a las denuncias de prácticas represivas en esas instalaciones, y sin contar en algunos casos con la autorización de España exigida por la normativa europea, según informó la televisión neerlandesa.
El centro, denominado Huize Soria y situado en la Comunidad Valenciana, acoge a menores neerlandeses con problemas de conducta; algunos son trasladados por decisión de los servicios de protección juvenil, mientras que otros ingresan de forma voluntaria a través de los municipios de Países Bajos.
La televisión pública neerlandesa, que publicó este lunes una investigación del caso, asegura que las primeras denuncias se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para denunciar las condiciones en las que permanecían en España.
Después, numerosos organismos neerlandeses han retirado a jóvenes de ese centro en España por preocupaciones sobre la seguridad durante su estancia.
Una investigación posterior encargada por las organizaciones asistenciales neerlandesas concluyó que en Huize Soria existía una «cultura represiva» y que se aplican medidas restrictivas de la libertad que podían vulnerar derechos de los menores.
Castigos y trabajos
Entre las prácticas denunciadas por los jóvenes afectados hay castigos como reducir la cantidad de comida, obligar a los jóvenes a permanecer sentados sobre un poste e intervenir físicamente para inmovilizarlos.
Tampoco pueden mantener conversaciones privadas con sus familias o tutores y denuncian la presencia intimidatoria de un perro de seguridad.
Además, describen jornadas de trabajo de seis horas en las que realizaban tareas como retirar malas hierbas, cepillar caballos, cavar zanjas o plantar árboles, actividades que el centro presentaba como parte de su «programa ocupacional».
Los investigadores consideraron que estas medidas no estaban suficientemente justificadas ni se adaptaban a las circunstancias individuales de cada menor y señalaron que en el centro existía un exceso de «presión, coerción y represión».
Tras estas primeras conclusiones, varias instituciones retiraron a los menores que tenían alojados en Huize Soria y las advertencias fueron comunicadas a las organizaciones neerlandesas de protección juvenil, pero, según el programa Nieuwsuur, de la cadena pública, algunas, como SAVE, siguieron enviando menores al centro situado en España.
Su directora, Anja Jonker, aseguró que la organización no había recibido de sus propios usuarios indicios de que el centro fuera inseguro, aunque reconoció que, con la información disponible ahora, «quizá» habrían tomado una decisión diferente.
La inspección neerlandesa no avisó a España
En la actualidad aún hay siete menores neerlandeses en Huize Soria, según la investigación.
La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ), que había recibido información sobre las denuncias y las diferentes investigaciones realizadas sobre el centro, no avisó a España de esta situación y su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remonta a 2016, años antes de las primeras denuncias presentadas por los cinco jóvenes.
La IGJ no tiene competencias para inspeccionar directamente centros neerlandeses situados fuera del país, pero puede trasladar las denuncias a las autoridades del Estado donde están.
Huize Soria rechaza las acusaciones y asegura que ha revisado sus métodos de trabajo, argumentando que ha obrado «de buena fe y de acuerdo con su conciencia» y que el bienestar de los jóvenes y sus familias ha sido su máxima prioridad.
Traslados sin autorización española
A las denuncias sobre las condiciones del centro se suma otra polémica sobre la legalidad de algunos traslados de menores desde Países Bajos a España.
Desde 2022, las organizaciones que pretendan trasladar a un menor a otro país de la Unión Europea deben obtener antes el consentimiento de las autoridades del Estado receptor.
Sin embargo, varias organizaciones neerlandesas no solicitaron esa autorización. En 2024, un tribunal reprendió a SAVE por trasladar menores a España sin contar con el permiso necesario.
Según Nieuwsuur, esta organización ignoró esa resolución judicial y continuó enviando a jóvenes sin autorización de las autoridades de España, lo que podría tener consecuencias para la organización en este país.
El organismo encargado de supervisar la calidad de organizaciones como SAVE aseguró que desconocía estas posibles irregularidades y anunció que pedirá explicaciones. EFE
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