Estrasburgo desestima la demanda de Antena 3 por un debate electoral de 2019
París, 8 oct (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó este jueves la demanda interpuesta contra España por la televisión Antena 3, a la que la Junta Electoral Central (JEC) impidió incluir a Vox en un debate electoral previo a las elecciones generales de 2019.
La cadena alegó que eso constituía un ataque a su libertad de expresión, que defiende el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero los jueces consideraron que se sitúa dentro de las reglas de proporcionalidad establecidas por la Comisión de Venecia.
Antena 3 planeó organizar un debate entre los cinco candidatos a cuyos partidos las encuestas otorgaban más de un 10 % de intención de voto, lo que incluía los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas-Podemos y Vox.
Si los cuatro primeros ya tenían una importante representación parlamentaria, el último solo había conseguido el 0,2 % en los comicios anteriores.
Coalición Canaria, Junts y PNV, que habían tenido más apoyo que Vox, presentaron una reclamación ante la JEC, que les dio la razón y prohibió el debate a cinco programado por la cadena, que finalmente celebró un debate a cuatro el 23 de abril, cinco días antes de los comicios.
Antena 3 recurrió la decisión ante el Supremo, al considerar que se había dañado su libertad de expresión, pero en febrero de 2021 esta instancia avaló la decisión de la JEC y dos años más tarde el Constitucional declaró inadmisible el recurso presentado por la cadena, lo que agotó el trámite judicial en España.
El canal acudió entonces al Tribunal de Estrasburgo, donde tampoco le han dado la razón.
En su sentencia, los jueces consideran que el ordenamiento de los debates públicos en el marco electoral está permitido y que las directrices de proporcionalidad argumentadas por la JEC se adaptan al Convenio.
Además, respalda el argumento del Supremo, según el cual, introducir criterios basados en encuestas de opinión «introduciría subjetividad e incertidumbre» al tiempo que obligaría a los poderes públicos a «evaluar la fiabilidad y la metodología» de las encuestas. EFE
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