Italia aprueba una norma de urgencia para evitar que se paralice la mayor acería de Europa
Roma, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Italia aprobó este miércoles un decreto ley de urgencia para flexibilizar los requisitos medioambientales de instalaciones de interés estratégico nacional, con el fin de evitar la paralización de la mayor fábrica de acero del país y de Europa, ubicada en Tarento (sur), y blindar su actividad durante su venta.
El complejo siderúrgico, gestionado por el Estado desde 2024 bajo la firma Acciaierie d’Italia tras ser rescatado de la quiebra, constituye uno de los mayores quebraderos de cabeza de los distintos Gobiernos italianos en los últimos años.
Diversos grupos internacionales han mostrado interés por adquirir el complejo, entre ellos el indio Jindal Steel, el estadounidense Flacks Group y el checo CE Industries.
Asimismo, la Federación de Empresas Siderúrgicas Italianas (Federacciai), con la firma de catorce empresas asociadas, ha mostrado su interés preliminar mediante una sociedad conjunta, aunque centra su interés en las plantas de transformación de la zona norte del país y excluye explícitamente el área de los altos hornos de Tarento.
Para seguir adelante, la nueva norma recoge «medidas urgentes para asegurar la continuidad operativa de instalaciones de interés estratégico nacional», según el comunicado difundido por la oficina de prensa del Gobierno.
La medida actúa sobre la periodicidad de los avales para «preservar la funcionalidad de las plantas, en el marco de la propia venta, en el respeto de las normas medioambientales».
En concreto, el decreto interviene sobre las garantías financieras destinadas a salvaguardar la gestión de residuos y los vertederos internos de las plantas siderúrgicas de interés estratégico nacional sujetas a procedimientos de venta.
Para ello, modifica la ley de contratación pública y permite que las empresas estratégicas bajo administración extraordinaria puedan presentar avales con una vigencia de solo un año, frente a las coberturas plurianuales exigidas hasta ahora, precisan los medios italianos.
Con este cambio, el Ejecutivo de Giorgia Meloni busca dejar sin efecto el apercibimiento del Ministerio de Medio Ambiente, que había ordenado suspender desde el 20 de agosto las actividades de gestión de residuos y, como consecuencia, la producción relacionada, tras considerar insuficientes las garantías temporales presentadas por la empresa.
El conflicto administrativo se suma a la presión de los tribunales sobre la planta, después de que el Tribunal de Apelación de Milán ordenara a finales de julio el cierre cautelar por 90 días de su zona de procesos en caliente por el riesgo que sus emisiones suponen para la población.
La intervención legislativa busca conceder margen de maniobra a la administración extraordinaria para mantener con vida la factoría mientras el Ministerio de Empresas encauza su privatización y evita el troceado del grupo, que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos. EFE
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