Los abogados de Marruecos mantienen el pulso con el Gobierno a 13 días de las legislativas
Rabat, 10 sep (EFE).- Los abogados marroquíes mantienen desde mediados de junio un paro profesional en protesta contra las reformas impulsadas por el Gobierno para regular el ejercicio de la profesión, en un pulso que se prolonga a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del próximo 23 de septiembre.
«No buscamos rivales, la huelga nos fue impuesta», afirmó este jueves en rueda de prensa el abogado Hosein Ziani, presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABAM, que agrupa a los 17 colegios de abogados del país), convocante de la huelga.
«No pedimos ningún privilegio, ni queremos una abogacía por encima de la ley, queremos una abogacía fuerte por la ley, independiente dentro del marco de la ley y protegida, para que pueda defender al ciudadano conforme a la ley», afirmó, al tiempo de reclamar una respuesta de las instituciones del Estado para resolver el conflicto.
Los abogados reprochan que la nueva normativa fue elaborada sin consultar al colectivo, y denuncian un posible aumento de las prerrogativas del Gobierno en la profesión.
Por ejemplo, un abogado puede recibir y gestionar temporalmente dinero de sus clientes (como una indemnización), pero la nueva normativa permite al Tribunal de Cuentas que controle estas cuentas, algo que los abogados consideran una posible injerencia en su independencia.
Además, los letrados denuncian mayor control del Gobierno y la Fiscalía en los procedimientos disciplinarios, lo que consideran como reducción de la autonomía de los colegios de abogados.
El paro de los letrados provocó dificultades en el funcionamiento de los tribunales, con retrasos en procedimientos judiciales y dificultades para tramitar asuntos civiles, comerciales y familiares, incluidos divorcios, casos de custodia y recursos judiciales.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante estos meses la celebración de algunas vistas sin la presencia de abogados, una situación que, según estas asociaciones, puede afectar al derecho de defensa y a las garantías del proceso judicial.
Ziani atribuyó al Gobierno la responsabilidad por esta situación generada por el conflicto.
«El Gobierno es responsable de la situación a la que hemos llegado. Somos parte de la ciudadanía ¿El legislador no pensó en el interés del ciudadano a la hora de elaborar la ley? Lo que estamos haciendo es por el ciudadano», sostuvo. EFE
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