Mano dura contra las pandillas en Honduras entre temores por los derechos humanos
Anny Castro
Tegucigalpa, 30 oct (EFE).- Las reformas penales que endurecen el procesamiento y castigo de los miembros de las pandillas, la mayor fuente de violencia y crimen en Honduras, despiertan temores por posibles violaciones a los derechos humanos, dijeron a EFE analistas y funcionarios de la ONU, que también reconocieron la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública.
Esta semana el Parlamento aprobó unas reformas impulsadas por el presidente derechista Nasry ‘Tito’ Asfura, que establecen penas de al menos 30 años y hasta la cadena perpetua por asesinatos o actos terroristas para los miembros de las pandillas o maras, integradas por unos 40.000 jóvenes y adultos que controlan algunas áreas mediante asesinatos, extorsiones y amenazas, según las autoridades.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 son las principales organizaciones de este tipo en el país, donde operan desde hace más de tres décadas y están vinculadas a buena parte de los homicidios, que sumaron 2.629 en 2025, según cifras oficiales.
Una lucha antipandillas basada en reglas adecuadas
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, dijo a EFE que «el Estado tiene la obligación de responder» a la demanda de seguridad, pero «tiene que hacerlo con las reglas adecuadas» y conforme a las normas nacionales e internacionales.
Monge defendió así una política integral que combine la persecución del delito con la prevención de la violencia y la atención de sus causas estructurales.
Los nuevos cambios, que establecen además controles biométricos y restricciones para los reclusos en módulos de máxima seguridad, se suman a cuatro leyes del sistema de seguridad reformadas en septiembre pasado para reforzar el control penitenciario e impedir que las pandillas, declaradas «asociaciones terroristas», ordenen delitos desde las cárceles.
Monge expresó que las reformas podrían «desencadenar violaciones de los derechos humanos» y aumentar la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario.
El funcionario de la ONU también llamó la atención sobre una estrategia centrada en capturar y encarcelar jóvenes sin atender a factores como la falta de empleo, educación y acceso a la salud.
Antes de ampliar la capacidad punitiva del Estado, señaló, es necesario definir una política criminal que identifique las principales amenazas, establezca prioridades y determine si las instituciones cuentan con recursos suficientes para atenderlas.
Unas reformas necesarias ante el poder de las pandillas
Las pandillas son acusadas de cometer delitos de extrema violencia que generan temor entre la población. Entre sus prácticas figura el reclutamiento de menores de edad, a quienes incorporan a sus estructuras y utilizan para ejecutar actividades delictivas, en muchos casos bajo amenazas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El especialista en criminalística y ex director policial Gonzalo Sánchez calificó de «más que necesarias» las reformas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que representan un «problema grave» por el armamento que han acumulado, entre otros factores.
Sánchez, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la otrora Dirección General de Investigación Criminal, actual Dirección Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional, defendió en declaraciones a EFE el endurecimiento de las penas como herramienta contra las pandillas.
El también catedrático universitario afirmó que este nuevo modelo puede aplicarse respetando las garantías individuales, siempre que exista supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.
Megacárcel ‘modelo Bukele’
La estrategia hondureña incluye construir una cárcel de máxima seguridad para unos 1.300 presos de alta peligrosidad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, cuyas instalaciones visitó a mediados de octubre una delegación encabezada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano.
El Parlamento hondureño ha pedido a la Secretaría de Finanzas buscar financiación para la obra, mientras estudia posibles ubicaciones.
Inaugurado en 2023 por el Gobierno de Nayib Bukele, el Cecot se ha convertido en un referente regional de la política de mano dura contra las pandillas y ha inspirado proyectos como la megacárcel para presos peligrosos que recién inauguró Costa Rica.
«Las medidas que aprobamos en el Congreso ya están dando resultados contundentes y visibles. En pocos días hemos capturado alrededor de 75 cabecillas de maras y pandillas (…) Se acabó el tiempo de la anarquía. Comienza la era del orden y la ley», celebró este viernes Zambrano en un mensaje en X. EFE
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(foto)(vídeo)
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