Limitar la población suiza a 10 millones: meta simple en el papel, pero compleja de aplicar
Limitar la población suiza a 10 millones de habitantes: el objetivo que plantea la iniciativa popular impulsada por el Partido Popular Suizo (PPS) parece sencillo. Pero su aplicación plantea numerosas cuestiones, en particular sobre su compatibilidad con el derecho internacional y sobre el margen de maniobra real en materia de asilo y reagrupación familiar.
Suiza contará con 10 millones de habitantes hacia 2040, según el escenarioEnlace externo demográfico de referencia de la Oficina Federal de Estadística (OFS). Pero para el Partido Popular Suizo (PPS, o UDC en sus siglas en francés), una población superior a los 10 millones ejercería una presión excesiva sobre las infraestructuras, el sistema sanitario, las escuelas, el suministro eléctrico o incluso los servicios sociales. Su iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!», sobre la que votará el pueblo el próximo 14 de junio, propone limitar la población a ese umbral de aquí a 2050.
El mecanismo de la iniciativa parece sencillo en teoría: establecer un límite demográfico y actuar de forma preventiva, incluso mediante la rescisión de tratados internacionales si fuera necesario. Pero, ¿serían realmente eficaces las herramientas propuestas en la iniciativa para reducir la inmigración y evitar así que se supere ese límite?
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Ecuación compleja
La iniciativa precisa que si la población residente permanente supera los 9,5 millones antes del año 2050, el Gobierno y el Parlamento deberán tomar medidas para que la población no supere los 10 millones. Estas medidas deberán afectar en primer lugar al asilo y a la reagrupación familiar, respetando siempre el derecho internacional imperativo.
Suiza registra un saldo migratorio positivo de 70.000 personas al año de media, lo que constituye, con diferencia, el principal factor del aumento de la población. El crecimiento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, es cada vez menor (unas 6.000 personas en 2024).
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En 2025 se dictaron 31.223 resoluciones de asilo. A ello hay que sumar cada año unas 40.000 personas que llegan a Suiza en el marco de la reagrupación familiar. Estas cifras pueden dar la impresión de que es posible una reducción significativa del saldo migratorio, pero el margen de maniobra es, en realidad, limitado. Las principales palancas a las que apunta la iniciativa son también las más difíciles de accionar.
El asilo ofrece poco margen de maniobra
El año pasado, cerca de tres cuartas partes de las resoluciones de asilo dictadas se saldaron con una denegación o el archivo del procedimiento, lo que implica que las personas afectadas deben, en principio, abandonar el territorio. Solo 7.382 personas de más de 30.000 obtuvieron el asilo —es decir, un permiso B de refugio—, mientras que otras 5.005 fueron admitidas provisionalmente con un permiso F.
En definitiva, se autorizó a 12.387 personas a permanecer en el territorio, en particular porque no podían ser expulsadas en virtud del principio de no devolución protegido por el derecho internacional imperativo. Dado que la iniciativa del Partido Popular Suizo garantiza el respeto de este derecho internacional imperativo, parece difícil limitar la población residente permanente afectando al asilo.
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Las admisiones provisionales con permiso F en el punto de mira
A partir de los 9,5 millones de habitantes, el texto pretende endurecer las condiciones de estancia de los permisos F al no concederles «ningún derecho a permanecer».
Al ser preguntada sobre la interpretación de esta parte de la iniciativa, Céline Amaudruz, diputada y vicepresidenta del partido PPS que lanza la iniciativa, explica que «el objetivo es evitar que un estatuto concebido como provisional o excepcional se convierta, de hecho, en una vía habitual de establecimiento duradero en Suiza».
Pero para Elodie Feijoo, responsable de proyectos en el servicio de información y documentación de la revista digital especializada en los permisos de refugio en Suiza asile.chEnlace externo, el paso del estatuto de persona admitida provisionalmente con un permiso F al permiso de residencia B dista mucho de ser automático. La persona titular del permiso F debe demostrar que se ha integrado correctamente. Debe ser económicamente independiente, hablar una de las lenguas nacionales, no tener procesos judiciales en curso, tener los antecedentes penales limpios y residir en Suiza desde hace más de 5 años.
A finales de 2025, Suiza contaba con 40.000 personas con permiso F. La mitad de ellas llevaban en Suiza más de 7 años. También en 2025, algo menos de 3.500 personas admitidas provisionalmente pasaron a tener un permiso B.
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La reagrupación familiar, difícil de restringir
La otra propuesta de la iniciativa se centra en la reagrupación familiar. Según la Secretaría de Estado de Migración (SEM), de las cerca de 40.000 personas que llegaron a Suiza por reagrupación familiar en 2025, aproximadamente la mitad se acoge al acuerdo sobre la libre circulación de personas: se trata principalmente de ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea que se reúnen con un familiar que trabaja en Suiza. La otra mitad está compuesta por personas de terceros países, es decir, de personas con pasaportes que no pertenezcan ni a la Europa Unida ni a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
Según Astrid Epiney, profesora de Derecho Europeo y de Derecho Público Suizo en la Universidad de Friburgo, sería muy complicado reducir el saldo migratorio afectando a la reagrupación familiar: «El acuerdo con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas prevé el derecho a la reagrupación familiar. Además, restringir la reagrupación familiar es, en algunos casos, contrario a las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
¿Prevalece siempre el derecho internacional sobre el derecho suizo?
Cuando se vota una iniciativa popular y es aprobada superando el umbral de la mayoría total de votos (en Suiza se denomina como mayoría del pueblo) y de la mayoría de los cantones, (es decir, que en más de 23 cantones la ciudadanía haya votado a favor), el texto se añade a la Constitución.
El Ejecutivo (Consejo Federal) y el Parlamento de Suiza tienen entonces la difícil tarea de aplicar este texto teniendo en cuenta todos los demás textos de la Constitución. Estos otros textos pueden crear una tensión con respecto a la iniciativa. Concretamente, esta deberá conciliarse con el artículo 5 de la Constitución, que establece la primacía del derecho internacional sobre el derecho suizo.
Una vía posible: la práctica Schubert, una jurisprudencia establecida en los años 70 que autoriza, en ciertos casos, la primacía del derecho federal sobre el derecho internacional. Pero esta jurisprudencia «se ha ido erosionando claramente a medida que el Tribunal Federal ha ido dictando sentencias para proteger los derechos humanos y los acuerdos internacionales, como el acuerdo sobre la libre circulación de personas», explica Cesla Amarelle, profesora de Derecho Público en la Universidad de Neuchâtel y exconsejera de Estado socialista del cantón de Vaud.
Posible margen de maniobra
Si los mecanismos del asilo y la reagrupación familiar son difíciles de accionar, ¿qué margen de maniobra queda?
Dado que los flujos relacionados con el asilo y la reagrupación familiar son difíciles de reducir, el principal margen de maniobra para frenar la inmigración se encuentra en el ámbito de los nacionales de terceros países. Este tipo de inmigración está sujeto a cuotas y solo pueden ser admitidos trabajadoras y trabajadores con altas cualificaciones profesionales. Es el Ejecutivo de siete miembros en Suiza el que fija cada año el número de permisos disponibles.
En 2025, se podían admitir 8.500 personas procedentes de terceros países, a lo que se suman 3.500 autorizaciones potenciales para personas con el pasaporte del Reino Unido. Sin embargo, no siempre se alcanza el límite de estos contingentes. En 2024, apenas se utilizó el 75% de este contingente de permisos para nacionales de terceros países y sólo alrededor del 20% para el contingente de Reino Unido. Aproximadamente 7.000 personas pudieron obtener efectivamente un permiso de residencia.
Si Suiza dejara de admitir a estos 7.000 nacionales de terceros países, sus familias, por efecto dominó, ya no podrían reunirse con ellos; esto se convertiría en una palanca adicional para reducir la inmigración, pero afectaría a menos de 15.000 personas.
En consecuencia, incluso afectando a los nacionales de terceros países, a menudo indispensables para la economía suiza, sería difícil reducir a la mitad el saldo migratorio.
Si la iniciativa en las urnas el próximo 14 de junio es aceptada por los votos totales y la mayoría de los cantones, el Ejecutivo y el Parlamento tendrán que resolver esta ecuación. En otras palabras, fijar un límite demográfico es sencillo sobre el papel, pero aplicarlo en la realidad lo sería mucho menos.
La iniciativa prevé una retirada de Suiza del Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas si el umbral de diez millones es superado durante dos años y no se ha negociado ninguna excepción ni cláusula de salvaguardia. El Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas fue firmado entre Suiza y la Unión Europea (UE) en 1999 y, en particular, facilita que las personas ciudadanas de la UE vivan y trabajen en Suiza.
Adaptación del artículo al español por Patricia Islas
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