Comisión del PE mantiene examen de temporalidad en el sector público español
Bruselas, 10 ene (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este lunes mantener abierta la petición de un ciudadano español de que se analice la situación de los trabajadores temporales e interinos de las administraciones públicas en España, de cuya “desprotección” responsabiliza al Estado.
Después de que los eurodiputados de la mayoría de grupos políticos se mostraran partidarios de examinar esta cuestión, la vicepresidenta de la comisión de Peticiones, la parlamentaria letona Tatjana Zdankova, dejó la denuncia abierta, al considerar que se trata de un asunto que “todo el mundo considera grave” y que, según ella, “viola los derechos de los trabajadores”.
El proceso nace a partir de la queja del ciudadano español Francisco José Pons Bejarano, un empleado público temporal que, en su petición elevada a la Eurocámara, denuncia que el Estado incumple la directiva comunitaria que regula en todos los países miembros las condiciones de la interinidad en la función pública.
Por esta razón, durante su intervención ante la comisión de Peticiones, Pons Bejarano pidió que Bruselas imponga sanciones a España y, además, criticó que los planes del Gobierno para reducir la temporalidad en la administración “no tienen en cuenta a las personas que hay detrás de los números”.
El pasado diciembre, el Gobierno español logró sacar adelante en el Congreso una nueva ley que permitirá a los trabajadores con más de cinco años de interinidad acceder a una plaza fija sin oposiciones, con el objetivo de reducir del 30 % actual al 8 % la cantidad de puestos temporales en la administración pública.
Precisamente, durante su intervención en la comisión de Peticiones, la eurodiputada del PSOE Estrella Durá Ferrandis defendió que esta reforma servirá para mejorar la situación de los interinos e instó al resto de parlamentarios a dar por cerrada la denuncia presentada por el peticionario español.
“El nuevo marco legislativo responde a las demandas del peticionario, mejora la protección de los empleados públicos y recompensará a los que pierdan su trabajo como consecuencia de este proceso”, aseguró.
Sin embargo, para la vicepresidenta de la comisión de Peticiones del Europarlamento, aún es temprano para evaluar el impacto de esta reforma y, por ello, encargó un informe escrito a la Comisión Europea para que analice si la nueva legislación va a suponer algún avance a la hora de reducir la temporalidad.
Mientras que el Ejecutivo comunitario no se pronuncie, la denuncia se mantendrá abierta, algo que pidieron durante sus intervenciones los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox.
La popular Rosa Estaràs Ferragut animó a la Comisión a que “supervise si la ley cumple con la normativa europea”, mientras que el representante de la formación naranja, Jordi Cañas, puso el acento en la situación en la que quedarán los trabajadores con menos de cinco años de interinidad, es decir, aquellos que no tienen garantizado el acceso a una plaza fija, según la nueva ley.
“¿Saben lo que va a provocar esta norma? Echarlos a la calle. Esta ley busca fijar plazas, no personas. Pero es que detrás de las plazas hay personas, familias, vidas, futuro”, aseveró.
Por su parte, la eurodiputada de Unidas Podemos, Eugenia Rodríguez Palop, explicó que “no se opone” a que se mantenga abierta la denuncia presentada por el peticionario español, aunque consideró que la nueva ley supone “un gran avance” y recordó que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. EFE
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