Disputa por red de emergencias portuguesa escala con un cese y denuncias de clientelismo
Lisboa, 13 oct (EFE).- La controversia sobre la gestión de la red de comunicaciones de emergencia de Portugal (SIRESP), escaló este martes con acusaciones de clientelismo contra el ministro del Interior, Luís Neves, y nuevas iniciativas de la oposición para fiscalizar a la empresa pública, un día después del cese de un alto funcionario enfrentado al Gobierno por su supervisión y financiación.
El conflicto afecta al sistema que permite coordinar y comunicarse con policías, bomberos y servicios de protección civil en todas las situaciones de emergencia y seguridad.
El funcionamiento del Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad de Portugal fue muy cuestionado a raíz de los graves fallos registrados durante los incendios que asolaron el país en 2017, ya que se trata de una infraestructura de comunicaciones exclusiva del Estado.
El pasado lunes, Ricardo Carrilho fue cesado como secretario general del Ministerio de Administración Interna (Interior). Inmediatamente después de su destitución, el ex alto funcionario acusó al ministro de apartarlo para «proteger clientelas» existentes desde hace años dentro de la empresa que gestiona la red.
El ministerio, que inicialmente justificó su salida por una «reorganización administrativa», salió al paso de las críticas de Carrilho y reveló entonces que el despido realmente se debió a una pérdida de confianza. Neves responsabilizó al funcionario de decisiones que, según el Gobierno, comprometieron el funcionamiento de los servicios.
En el centro de la disputa figuran unos 26 millones de euros de compensación anual a la empresa pública. Según documentos divulgados por el semanario Expresso, Carrilho se resistió a autorizar transferencias sin disponer de la cobertura legal y los mecanismos de fiscalización que consideraba necesarios.
El ministro Luís Neves y sus tres secretarios de Estado rechazaron sus acusaciones en un comunicado conjunto difundido en la noche del lunes y sostuvieron que el bloqueo de pagos ordenado por Carrilho había puesto en riesgo los compromisos con proveedores durante la temporada de incendios. También le reprocharon haber suprimido el centro de operaciones y gestión de la red sin autorización ministerial ni implementar alternativa alguna.
Los antecedentes de este conflicto se remontan al pasado mes de mayo, cuando el entonces secretario general adjunto renunció a su cargo después de denunciar presuntas irregularidades en la gestión del responsable de SIRESP, Paulo Viegas Nunes.
El ministro Luís Neves mantuvo la confianza en Viegas Nunes. Su departamento aseguró que una auditoría de la Inspección General de Finanzas no había identificado ilegalidades y que las deficiencias de procedimiento detectadas se habían corregido.
Durante el verano, el enfrentamiento se extendió al reparto de responsabilidades sobre la vigilancia de la red y la autorización de sus pagos.
En agosto pasado, una orden ministerial reafirmó las competencias de la secretaría general para coordinar, supervisar y fiscalizar el sistema, según la documentación citada por Expresso.
El caso ha adquirido además una dimensión europea. La Fiscalía General portuguesa confirmó al diario Observador que recibió a finales de julio una denuncia de la secretaría general sobre un contrato del sistema de grabación de voz de SIRESP, financiado con fondos del plan de recuperación, y que la trasladó a la Fiscalía Europea.
Este martes, Viegas Nunes rechazó en la Asamblea de la República que la empresa carezca de supervisión y aseguró que elabora informes mensuales sobre la calidad de la red. También defendió su fiabilidad frente a las críticas sobre su funcionamiento y negó tener conocimiento de prácticas ilícitas de contratación.
Pero las explicaciones en el Parlamento no han frenado la reacción de la oposición. Iniciativa Liberal ha presentado una propuesta para que el Gobierno encargue una auditoría extraordinaria centrada en las cuentas de los ejercicios 2024 a 2026, las obligaciones de servicio público y los controles en el seno del SIRESP.
Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha anunciado que pretende incorporar esta controversia a la comisión parlamentaria que investigará la gestión del ministro Luís Neves cuando era director general de la Policía Judicial. EFE
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