Polémica por la rebaja de penas a pederastas y violadores de DD.HH. golpea al chileno Kast
Santiago de Chile, 23 oct (EFE).- Una polémica por la rebaja de penas carcelarias vía decreto a 56 pederastas remece al mandatario chileno, José Antonio Kast, abriendo un nuevo flanco en La Moneda que forzó al Gobierno a impulsar un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios en el futuro.
La decisión de disminuir las penas, reconocida por el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, obligó al Ejecutivo a defender el criterio aplicado con un alto coste político, seguida de una arremetida opositora que busca articular una acusación parlamentaria en su contra.
Desde el Gobierno, este viernes emitieron un comunicado informando de la «suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena» y la presentación de un proyecto de ley que «modifica el procedimiento para obtener el beneficio de reducción decondena por conducta intachable».
«Cuando la comisión respectiva, integrada por jueces, por ministros, por seremis (secretarías regionales ministeriales), califica de sobresaliente el comportamiento (del reo), se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas», explicó Rabat en una entrevista con la prensa local.
«Atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga libre», puntualizó.
Rabat insistió en que en dichos casos solo se aplicó la legislación vigente de acuerdo a una interpretación respaldada por la Corte Suprema, abriendo un debate jurídico y político en la opinión pública chilena.
«En 2022, se modificó la normativa que regula esta materia y se excluyó expresamente a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores y, desde esa fecha, no se ha otorgado este beneficio a ningún condenado (…). Lo que ocurrió es que para los casos sucedidos con anterioridad a esa modificación, hay una prohibición constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado», argumentó el ministro.
Además de los abusadores de menores, trascendió la disminución de penas a al menos dos criminales que cometieron vejaciones y torturas durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), generando indignación en múltiples organizaciones de Derechos Humanos.
El secretario de Estado aseguró también que el presidente Kast «no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia».
Arremetida opositora
A través de una declaración pública, el Partido Socialista (PS) exigió la «inmediata revisión e invalidación de todos los decretos que contravengan la ley, la publicación de los antecedentes que fundamentaron estas rebajas y la determinación de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes».
En la misma línea, parlamentarios de la Democracia Cristiana advirtieron sobre la posible presentación de un juicio político contra Rabat en el Congreso que, de aprobarse, implicaría su destitución y le impediría ejercer cargos públicos por cinco años.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo también señaló que la decisión del Gobierno atenta contra la «doctrina» de la cartera y que podría distorsionar «todos los beneficios penitenciarios».
La Defensoría de la Niñez, por su parte, señaló que los antecedentes conocidos hasta ahora son «preocupantes» y que «requieren una explicación clara» desde la cartera de Justicia.
Las rebajas de penas carcelarias a pederastas y criminales de lesa humanidad son el último capítulo de una serie de polémicas generadas a partir del nombramiento de Rabat en el Gobierno, decisión que generó desconfianza desde un comienzo en organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura pinochetista.
Rabat integró el equipo jurídico que defendió al exdictador en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos, y durante el ejercicio de su cargo no ha descartado indultar a militares condenados por violaciones de DD.HH. EFE
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