Poder Judicial de Túnez defiende su imparcialidad en la lucha anticorrupción
Túnez, 21 sep (EFE).- El Consejo del poder judicial de Túnez denunció hoy una campaña de difamación contra sus miembros y defendió su imparcialidad ante la reciente apertura de numerosos expedientes de corrupción financiera que afectan a hombres de negocios y figuras políticas y que coincide con la decisión del presidente de la República, Kais Said, para hacerse con plenos poderes.
En un comunicado de prensa, este organismo aseguró haber actuado por iniciativa propia y sin intervención de ninguna parte desde que el pasado mes de agosto de 2019 decidiera investigar todos los casos de corrupción.
En los últimos dos meses la Justicia ha abierto varias decenas de investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra magistrados, empresarios y diputados lo que le ha valido las críticas sobre la instrumentalización del poder judicial en un supuesto ajuste de cuentas del presidente contra sus adversarios.
El último caso fue el del diputado Seifeddine Makhlouf, líder de la coalición ultraconservadora Al Karama (Dignidad), detenido la pasada semana por orden de un tribunal militar y liberado horas más tarde tras ser acusado de intervenir en un caso de seguridad nacional.
El excandidato a las presidenciales y líder del partido Qalb Tunis (Corazón de Túnez), segunda fuerza parlamentaria, Nabil Karoui, fue arrestado a principios de septiembre en la vecina Argelia después de que huyera del país junto a su hermano, el diputado Ghazi Karoui, implicados presuntamente en un caso de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil criticaron hoy la iniciativa del mandatario de enmendar la ley electoral y de mantener todas las medidas restrictivas adoptadas el pasado 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento, retiró la inmunidad a los diputados y se hizo con la Fiscalía.
Unas medidas que han sido extendidas de manera indefinida pese a la demanda de los partidos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que restablezca la normalidad democrática en el único país que hasta la fecha había sobrevivido al fracaso de las llamadas “primaveras árabes”.
Dicha decisión ha sido calificada por el partido islamista Ennahda, principal actor político, como “golpe de Estado” mientras que otras formaciones consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali.
Por su parte, Said defiende hacer uso del artículo 80 de la Constitución que le permite decretar el estado de excepción en caso de un “peligro” que amenace la nación, como es el caso de la corrupción, pese a haber desmantelado la Instancia Nacional de Lucha Contra la Corrupción que fue creada para este propósito durante la transición democrática. EFE
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