Una iniciativa ciudadana europea pide reconocer los derechos de la naturaleza
Redacción Medioambiente, 22 oct (EFE).- Unas 41.000 personas han firmado ya una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pide reconocer los derechos de la naturaleza, capacitando a los ciudadanos para que representen y protejan a los ecosistemas, que «deben tener personalidad jurídica».
Los promotores de la ICE aseguran que «los ecosistemas también deben tener personalidad jurídica, a semejanza de las empresas».
Entre las reivindicaciones que demandan para los ecosistemas están «reconocer los derechos a existir, a regenerar sus biocapacidades y ciclos vitales y a ser restaurados».
El objetivo de esta iniciativa ciudadana pretende reconocer los derechos de la naturaleza en el Derecho europeo a través de una directiva o un reglamento, con miras a robustecer la protección de los ecosistemas, aseguran sus promotores en la página donde se recoge la petición.
Los ecosistemas, con la figura recogida en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la restauración de la naturaleza, y del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva (UE) 2024/1203, «deben reconocerse como personas jurídicas sujetos de derechos», sostienen.
En su opinión, los ecosistemas en toda Europa «están en crisis» a pesar de la legislación medioambiental vigente.
Ello demuestra, aseguran, «la necesidad de un marco jurídico y de gobernanza integrado que complemente las protecciones existentes y aborde al mismo tiempo su fragmentación estructural».
Consideran que «la naturaleza debe dejar de ser tratada como patrimonio y que los ecosistemas deben reconocerse como entidades vivas con valor intrínseco y derechos fundamentales».
El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, aseguran, ayudaría a luchar contra la degradación de la biodiversidad, los sistemas climáticos, los suelos, los bosques, los ríos, los humedales y los entornos marinos en toda Europa, sostienen.
Explican que este reconocimiento se podría lograr vinculándolo a la Red Natura 2000, con experimentos en algunas zonas en virtud de las Directivas de Aves y Hábitats y, después, ampliares a otros ecosistemas.
Esto, subrayan, reforzaría los principios de cautela, prevención y sostenibilidad del Tratado, adaptaría las políticas de la Unión Europea a los conocimientos científicos sobre los límites del planeta y permitiría garantizar que la toma de las decisiones medioambientales, sociales y económicas se fijen dentro de los límites ecológicos.
Para ello, sostienen, el objetivo es capacitar a los ciudadanos y las comunidades para que actúen como administradores y representantes de los ecosistemas, tanto para prevenir daños como para apoyar la protección, la restauración y la regeneración.
Esos representantes «deben tener legitimación activa y acceso a medidas jurídicas adicionales para poder defender los derechos de los ecosistemas», y ponen de ejemplo el caso del Mar Menor, en España.
Según los promotores, España fue el primer país europeo en promulgar en 2022 una ley que reconoce la laguna y su cuenca como sujeto de derechos con personalidad jurídica.
Una decisión que fue ratificada en 2024 por el Tribunal Constitucional que dictaminó que la ley se ajusta a derecho.
A este caso, en Europa se sumaron otros en Francia, Países Bajos, Polonia, Alemania o Bélgica, pero fue Ecuador el primer país en el mundo en reconocer derechos a la naturaleza.
Para que esta ICE prospere, debe alcanzar al menos un millón de firmas válidas y alcanzar umbrales mínimos en al menos siete países europeos. EFE
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