Colombia aprueba un presupuesto de 179.000 millones de euros entre promesas y críticas
Bogotá, 20 oct (EFE).- El Congreso colombiano aprobó este martes en la madrugada un presupuesto de 634,9 billones de pesos (unos 179.000 millones de euros) para 2027, un 14,2 % superior a la vigente este año, que el Gobierno de Abelardo de la Espriella defiende como un paso para recuperar la estabilidad fiscal.
En contraste, la oposición cuestiona los recortes en educación, programas sociales y entidades vinculadas al Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El proyecto recibió 57 votos a favor y dos en contra en el Senado, y 112 votos favorables y uno contrario en la Cámara de Representantes, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada del último día del plazo constitucional para aprobarlo.
«Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación», escribió el presidente colombiano en su cuenta de la red social X.
De la Espriella resaltó que Colombia vive un «momento decisivo» y que «necesita el compromiso de todos».
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, celebró la aprobación y afirmó que el presupuesto constituye «el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía», en referencia al objetivo del Ejecutivo de contener el gasto y reducir el déficit fiscal.
El Gobierno sostiene que el presupuesto incorpora obligaciones que, según su diagnóstico, no estaban debidamente financiadas en las cuentas presentadas por el Gobierno anterior del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), entre ellas compromisos pensionales, sanitarios, salariales y relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
De la Espriella ha atribuido parte del desequilibrio fiscal al endeudamiento heredado y ha anunciado una «Ley de Rescate Económico» para reducir el déficit, que el Ejecutivo proyecta en un 9,4 % del producto interior bruto (PIB) para 2027.
El presupuesto aprobado destina en torno a un 62 % del total a gastos de funcionamiento, algo más de un 23 % al servicio de la deuda y cerca de un 15 % a inversión pública, según las cifras divulgadas durante el trámite legislativo.
Entre las principales asignaciones sectoriales figuran la asignación de en torno a otro 15 % del presupuesto para educación, algo menos de un 13 % para salud y cerca del 12 % para defensa.
La oposición denuncia recortes sociales
Las críticas más fuertes procedieron del partido opositor Pacto Histórico, que cuestionó tanto el contenido del presupuesto como la forma en que se desarrolló el debate.
La representante María Fernanda Carrascal sostuvo que la bancada no respaldaría una iniciativa que considera perjudicial para los ciudadanos y las regiones, mientras que su compañero de bancada Alfredo Mondragón denunció que no se atendieron las propuestas de su partido y aseguró que el presupuesto no garantiza recursos suficientes para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la educación pública superior y las necesidades territoriales.
Mondragón afirmó que el Pacto Histórico había presentado más de 700 proposiciones para aumentar los recursos destinados a las regiones, además rechazó que el retiro de la bancada se interpretara como un abandono de la discusión y defendió la decisión como una forma de no legitimar un trámite que consideraban insuficiente.
El debate también estuvo marcado por las partidas destinadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a raíz del acuerdo firmado en 2016, porque según informaciones publicadas durante la discusión, el presupuesto de esa jurisdicción sufrió un recorte de 181.402 millones de pesos (51 millones de euros), incluidos 11.402 millones adicionales (3,2 millones de euros) trasladados al Ministerio de Defensa para financiar indemnizaciones a familias de militares muertos en combate.
La aprobación del presupuesto deja sobre la mesa una de las principales tensiones económicas del nuevo Gobierno: la necesidad de financiar las obligaciones del Estado mientras intenta reducir el déficit y frenar el crecimiento de la deuda pública.
El servicio de la deuda seguirá absorbiendo una parte considerable de los recursos públicos del presupuesto de 2027, lo que limita el margen disponible para inversión y otros programas. EFE
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