El gobierno español aprueba un nuevo paquete de medidas sociales a semanas de las elecciones
El gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez aprobó este martes en el consejo de ministros una nueva serie de medidas sociales, a pocas semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre en España.
«Este gobierno sigue gobernando. Es un gobierno que tiene que seguir respondiendo a desafíos de la ciudadanía», indicó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, preguntada sobre las críticas que podría suscitar la adopción de estas disposiciones a poco más de un mes de los comicios.
Estas nuevas medidas se incluirán en un real decreto ley, lo que permite su inmediata entrada en vigor, aunque deberán ser confirmadas después por una votación en el Parlamento en un plazo de 30 días.
Entre las medidas aprobadas se incluye la mejora de la protección social a las mujeres que sufren patologías derivadas de la menopausia, de las que han sido víctimas de violencia de género o de las familias que cuidan a menores con enfermedades graves.
«Este gobierno, si algo está demostrando, es que es perfectamente compatible el no dar un paso atrás en derechos, en extender esa acción protectora con una manera de gobernar con responsabilidad y rigor fiscal y también con unas cifras macroeconómicas que están siendo muy positivas», explicó Saiz.
La Junta Electoral española abrió un procedimiento contra Pedro Sánchez a mediados de octubre por una rueda de prensa que dio desde la Moncloa, su residencia oficial, al día siguiente de convocar elecciones anticipadas.
La Junta consideró que el jefe del ejecutivo fue más allá de la simple presentación de medidas adoptadas en consejo de ministros, al ensalzar el balance de su gobierno, criticar a la oposición y expresar su deseo de obtener una mayoría más amplia para el Ejecutivo.
«El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el período electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo», recordó la Junta en su decisión.
«La celebración de un proceso electoral no interrumpe el funcionamiento ordinario de los órganos constitucionales, que pueden continuar ejerciendo las funciones que tienen atribuidas por la Constitución y las leyes», agregó sin embargo, recordando que el gobierno podía seguir adoptando medidas durante la campaña.
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