La CE escuchó sobre todo a empresas y EE.UU. al relajar normas de sostenibilidad, según TI
Bruselas, 21 oct (EFE).- Transparencia Internacional (TI) denunció este miércoles que los intereses de las grandes empresas y de Estados Unidos estuvieron sobrerrepresentados en las consultas que llevó a cabo la Comisión Europea para simplificar sus normas sobre sostenibilidad, un ejercicio que acabó con una relajación de las exigencias para las compañías.
La organización teme además que el proceso utilizado en el llamado Ómnibus I de simplificación, por el que se enmendaron dos directivas clave sobre requisitos de sostenibilidad y que incluyó procedimientos de urgencia y consultas a puerta cerrada, se convierta en la práctica cuando el Ejecutivo comunitario revise las normas europeas sobre cómo legislar (el marco ‘Better Regulation’).
«La desregulación lograda por el Omnibus I (…) fue posible a través de una combinación de consultas limitadas a puerta cerrada y se caracterizó por la sobrerrepresentación de ciertas empresas: grandes corporaciones y aquellas vinculadas a intereses de Estados Unidos», afirma TI en un informe elaborado tras analizar las reuniones entre las autoridades comunitarias y grupos de interés.
La organización destaca que, a la hora de revisar la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), la Comisión Europea argumentó que era una medida urgente, por lo que no llevó a cabo un análisis de impacto ni una consulta pública al uso.
En su lugar optó por organizar una «mesa redonda», celebrada a puerta cerrada y con invitados seleccionados directamente por el Ejecutivo comunitario, argumentando que se trataba de encuentros de «naturaleza técnica» que están sometidos a menos exigencias de transparencia.
En la misma, más de dos tercios de los 110 participantes fueron patronales (37,3 %) y empresas (29,1 %), mientras que un 11,8 % fueron ONG, un 5,5 % sindicatos y un 1,8 % instituciones académicas, según TI, que solo ha obtenido los datos meses después del encuentro y a través de una solicitud formal de acceso a documentos.
Las organizaciones nacionales participantes representaron solo a 12 de los 27 Estados miembros y las vinculadas a Estados Unidos fueron las cuartas más presentes, al mismo nivel que España o Países Bajos (también que Reino Unido), y solo por detrás de Alemania, Francia e Italia.
TI destaca además que «lejos de ampliar el círculo, la mesa redonda favoreció a organizaciones que ya estaban bien conectadas», puesto que los participantes representan un 0,5 % de los 17.000 lobbys registrados ante la UE, pero más de un 10 % de todas las reuniones entre la Comisión y estos grupos.
La organización ha analizado también las reuniones del gabinete del comisario encargado de simplificación, Valdis Dombrovskis, y del ponente del Ómnibus I en la Eurocámara, Jorgen Warnborn, con lobbys desde 2024 independientemente del tema y ha concluido que prevalecieron los encuentros con patronales y empresas (81,7 % y 73 %, respectivamente) y los intereses de Estados Unidos (el tercer país más representado en ambos casos).
«En los dosieres que se vendieron como un alivio a las pymes europeas, los responsables han consultado mayoritariamente a grandes corporaciones, entidades vinculadas a Estados Unidos y federaciones industriales, mientras que ONG, sindicatos y pequeños negocios han quedado relegados a un estrecho margen», concluyen los autores.
La organización recuerda que la Defensora del Pueblo ya consideró que la Comisión había cometido «mala administración» con el Ómnibus I al desviarse sin justificación suficiente de las exigencias del marco ‘Better Regulation’ (Mejora de la Legislación) por lo que Bruselas lo está revisando.
TI critica que la propuesta de la Comisión para ello no se compromete a revelar proactivamente la lista de participantes o la agenda para las consultas selectivas ni incluye criterios de equilibrio al seleccionar participantes, entre otros aspectos.
Esto significa, advierten, que las consultas selectivas (como las del Omnibus I) «podrían convertirse en la norma», lo que llevaría a «apartarse de las obligaciones de transparencia, la elaboración de políticas basada en pruebas y la participación equilibrada de las partes que constituye una salvaguarda fundamental contra la captura de las políticas» por parte de intereses concretos. EFE
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