Las sanciones contra Rusia, el principal objetivo de la iniciativa sobre la neutralidad
La iniciativa sobre la neutralidad, que se someterá a votación el 27 de septiembre, surgió para denunciar las sanciones económicas impuestas por Suiza a Rusia. Pero ¿qué alcance tienen realmente estas sanciones? ¿Y las aplica Suiza de manera eficaz? Estas son las claves.
¿Qué sanciones aplica Suiza a Rusia?
Debido al derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, actualmente no existe un régimen global de sanciones de Naciones Unidas contra el Gobierno de Vladímir Putin. Tras la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la principal respuesta política de Suiza fue adoptar las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE).
Tope al precio del petróleo ruso, prohibición de importar carbón, vodka o diamantes rusos, exclusión de determinados bancos del sistema de pagos Swift: en cuatro años, la UE ha aprobado 21 paquetes de sanciones contra Rusia, el último de ellos a finales de julio. Con la excepción de una disposición relativa a las filiales en el extranjero de empresas suizas, la Confederación ha adoptado prácticamente todas las sanciones europeas desde febrero de 2022.
Además, Suiza aplica sanciones a unas 2.790 personas, empresas y organizaciones rusas. Las medidas incluyen, entre otras, la congelación de activos en Suiza y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición. Al igual que Vladímir Putin o su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, las personas sancionadas también tienen prohibida la entrada y el tránsito por territorio suizo, salvo que participen en negociaciones de paz en Suiza.
A 1 de julio de 2026, en Suiza estaban congelados 8.500 millones de francos en activos financieros, 14 propiedades inmobiliarias, así como vehículos deportivos y de lujo, aviones, obras de arte, muebles e instrumentos musicales pertenecientes a personas, empresas y organizaciones incluidas en las listas de sanciones.
¿Por qué es importante para el Gobierno que Suiza se sume a estas sanciones?
Suiza no solo es uno de los principales centros financieros del mundo, sino también un país donde residen numerosos oligarcas y un importante centro del comercio de carbón y petróleo rusos. Antes de la guerra, alrededor del 75% del comercio de carbón ruso pasaba por Suiza. En el caso del petróleo, la proporción rondaba el 60%. Las sanciones son, por tanto, el principal instrumento del que dispone Suiza para tratar de frenar la financiación de la guerra contra Ucrania.
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¿Han tenido estas sanciones el efecto esperado?
A primera vista, la economía rusa no ha sufrido el colapso anunciado y su sistema financiero parece relativamente resistente. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, el crecimiento de la economía rusa se ha apoyado sobre todo en su reorientación hacia el esfuerzo bélico, respaldado por un importante apoyo estatal. Al mismo tiempo, Rusia ha logrado amortiguar los efectos de las sanciones occidentales recurriendo a terceros países y desviando buena parte de sus exportaciones de petróleo hacia mercados como China e India.
Los expertos recuerdan, no obstante, que la eficacia de las sanciones debe medirse sobre todo a largo plazo. Las restricciones impuestas a Rusia limitan su acceso a determinadas tecnologías, al capital extranjero y a los mercados financieros occidentales. Aunque no han puesto fin a la guerra en Ucrania, contribuyen a aumentar el coste económico y financiero del conflicto para Moscú.
«Estas sanciones son ante todo un instrumento político a disposición de la Unión Europea», considera Robert Bachmann, especialista en materias primas y sector financiero de la organización no gubernamental (ONG) Public Eye. «Tienen un coste importante para los oligarcas y las personas cercanas a Vladímir Putin. Si el poder ruso comenzara a resquebrajarse, el levantamiento de las sanciones podría utilizarse como moneda de cambio en posibles negociaciones con Bruselas».
¿Cómo aplica Suiza estas sanciones?
«La aplicación eficaz y sin fisuras de las sanciones contra Rusia es una prioridad para el Consejo Federal (Gobierno)», señala Fabian Maienfisch, portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (SECO), el organismo federal encargado de aplicar estas medidas.
Sin embargo, en 2023, los embajadores del G7 reprocharon a Suiza, en una carta dirigida al Consejo Federal, que no hiciera lo suficiente para identificar, rastrear y bloquear los activos rusos ocultos en bancos suizos. Otros miembros del G7, responsables europeos y estadounidenses y algunas personas expertas también han criticado a Suiza. Entre otras cosas, han señalado la falta de recursos para controlar eficazmente la aplicación de las sanciones y la escasa transparencia del sector suizo del comercio de materias primas.
A raíz de las críticas del G7, Suiza reforzó en 2024 sus controles sobre las sanciones contra Rusia. La prioridad es intensificar la vigilancia del cumplimiento de los embargos sobre el petróleo y el carbón rusos. Para ello se creó una unidad de investigación especializada, con unas 15 personas dedicadas exclusivamente a esta tarea.
Hasta ahora, unas 850 denuncias por posibles infracciones de las sanciones han sido trasladadas a la SECO. Cuatro casos han sido remitidos a la Fiscalía General de la Confederación (MPC) para iniciar un procedimiento penal. «Las infracciones de las sanciones se castigan sistemáticamente», afirma Fabian Maienfisch.
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¿Suiza podría hacer más?
«A pesar de los avances, todavía existen lagunas en el sistema de control», afirma Robert Bachmann, de Public Eye. La primera tiene que ver con la falta de supervisión de intermediarios no financieros, como abogados, fiduciarios o asesores patrimoniales, que desempeñan un papel clave en la gestión y estructuración de los activos. Las ONG también critican la falta de transparencia y supervisión del comercio de materias primas en Suiza y consideran que este sector sigue representando un riesgo de elusión de las sanciones contra Rusia.
La SECO rechaza estas críticas y señala que Suiza participa en las sanciones internacionales coordinadas contra Rusia en el sector de las materias primas. «Las autoridades competentes disponen, en gran medida, de las bases legales y los medios necesarios para garantizar una aplicación adecuada de las sanciones en este ámbito (…). La colaboración entre los distintos servicios federales competentes y las autoridades de países socios funciona muy bien», afirma Fabian Maienfisch.
Por su parte, Public Eye señala que Suiza nunca se ha sumado al grupo de trabajo internacional encargado de aplicar las sanciones contra Rusia. La ONG también denuncia el conflicto de intereses que, a su juicio, existe en la SECO, ya que este organismo se encarga tanto de promover la economía del país como de hacer cumplir las sanciones.
«Actúa de manera demasiado pasiva y espera a que le comuniquen los problemas, en lugar de realizar por iniciativa propia un análisis preventivo de los riesgos», considera el especialista de Public Eye. «Esta tarea debería estar en manos de otro organismo federal».
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Artículo editado por Balz Rigendinger y adaptado al español por Carla Wolff.
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